Gobierno necesita préstamos de $2,294 MM para sector eléctrico

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Fuente: diariolibre.com

SANTO DOMINGO. En la Ley de Presupuesto de 2014, el Congreso autorizó la concertación de operaciones de crédito público para financiar la ejecución de proyectos del sector eléctrico por un monto total de US$2,294 millones.

Estos fondos, una vez obtenidos, se destinarían al financiamiento del plan integral para el sector eléctrico anunciado el 20 de marzo de 2013 por Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de le Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en uno de los almuerzos mensuales de la Cámara Americana de Comercio.

Sin embargo, hasta la fecha, el único proyecto de ley introducido por el Poder Ejecutivo ha sido el correspondiente al contrato de ingeniería, procura y construcción de una central generadora de electricidad, compuesta de dos plantas a carbón con una capacidad conjunta de 674.78 Mega Watts (MW) de capacidad neta.

Como resultado de una licitación pública internacional del 2013, esta obra fue adjudicada al Consorcio Odebrecht-Tecnimot-Estrella, por un valor de US$1,556 millones o US$1,632.6 millones, dependiendo del precio del contrato.

El precio de este contrato es de US$2,040,747,405.23 (en términos redondo: dos mil cuarenta, punto siete millones de dólares), el cual se contempla reducir a US$1,945 millones, como resultado de la exoneración de impuestos al Consorcio. En la pieza, aprobada por el Senado en única lectura, el 21 de mayo pasado, se contempla que el Ministerio de Hacienda busque en las entidades financieras o bancos internacionales un financiamiento por hasta un 80% del precio del contrato. La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, número 423-06, manda que previamente el Congreso debiera autorizar la concertación de ese préstamo en el año que transcurre. Y así es.

Para el ejercicio fiscal de 2014, los legisladores autorizaron un préstamo por un máximo de US$1,500 millones para la construcción de una planta de generación termoeléctrica. Se haría con la banca internacional, a los precios que dicten los mercados, lo que por lo general es más costoso que los otorgados por los organismos multilaterales, como son el BID y el Banco Mundial. Se manda a que las condiciones sean a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con plazo mínimo de siete años.

El restante 20% del precio de la obra deberá provenir de las fuentes de ingresos fiscales, como son los obtenidos mediante las recaudaciones de impuestos, lo que representa un presión adicional de entre RD$17,271.6 a 18,212.8 millones para el Gobierno, según lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de 2014.

Una de las condiciones para iniciar la construcción de la central termoeléctrica, estipulada por el Senado, es que el Gobierno debe cumplir con el «anticipo del precio de contrato». Se trata del «primer o los primeros pagos» que la CDEEE y las distribuidoras de electricidad (Edeeste, Edenorte, y Edesur), en representación del Estado, deberán realizar al Consorcio, como medio para suministrarle «el flujo de caja necesario para contratar personal, equipos para realizar los diseños, ingeniería, movilizaciones, herramientas de gestión, las obras provisionales, comprar equipos y materiales de construcción, contratar la seguridad y vigilancia», entre otros requerimientos básicos del proyecto.

Esto significa que de acuerdo a la letra del contrato, en Punta Catalina, en Baní, el Consorcio no debía dar el primer picazo, ni remover una libra de tierra, antes de recibir el anticipo de US$150 millones.

Sin embargo, el 18 de enero de 2014, casi cuatro meses antes de introducir el contrato al Congreso, Marcos Cruz, director superintendente de Odebrech, declaraba a la prensa: «Los trabajos están bien avanzados, más de lo que esperaba… me asusté cuando fui en días pasados, con veinte días de haber iniciado se ha avanzado muchísimo».

En los próximos cuatro años, el país debe ampliar su parque de generación en 1,500 MW, lo que implica atraer inversiones por US$3,000 millones, según las proyecciones de la CDEEE, divulgada en su plan estratégico para el sector. Esa nueva generación permitiría abastecer en un ciento por ciento la demanda, y a la vez mantener un nivel de reserva de un 30%, considerado «el valor mínimo para operar de manera relativamente segura el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado». En otras palabras, que no se vaya la luz, cuando una planta sale del sistema para recibir mantenimiento.

Rehabilitación de las redes rotas

Las pérdidas en las líneas de distribución y de transmisión de electricidad es el otro frente del problema del sector eléctrico. En el Presupuesto de 2014 se autoriza al Poder Ejecutivo a concertar dos préstamos con la banca internacional, a una tasa de interés y comisiones compatibles con vigencia en el mercado, y con un plazo mínimo de siete años. Estos préstamos son por US$304 millones, para el mejoramiento del sistema de distribución; y de US$490 millones, para rehabilitación de redes y normalización de usuarios.

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