Generadores preocupados por proyecto de ley que da mayor participación a CDEEE

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Fuente: www.eldinero.com.do

El proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso sobre la participación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en generación no ha caído bien entre los generadores. Su interpretación sobre esta decisión del presidente Danilo Medina es que los esfuerzos que ha hecho el sector privado, con inversiones que superan los US$2,000 millones en los últimos cinco años, no han sido bien valorados por el Estado.

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) está al frente de la reacción. La organización considera que el proyecto de ley sobre la participación pública en la generación de electricidad debió ser llevado al Consejo Económico y Social (CES) para el debate del Pacto Eléctrico. De hecho, la Ley General de Electricidad 125-01 no prohíbe a la CDEEE ser propietaria de plantas y en tal sentido lo es.

A la ADIE le llama la atención algunas justificaciones de la pieza legislativa, entre las que menciona que “el Estado ha hecho ingentes esfuerzos para canalizar la participación privada en la instalación de nueva generación”. Los generadores rechazan esta afirmación del Gobierno hecha a través del proyecto de ley. Afirman que no es cierto, pues sostienen que ha sido el olfato del sector privado lo que ha servido para invertir más de US$2,000 millones.

El vicepresidente ejecutivo de la ADIE, Milton Morrison, dijo que “en lugar de hacer las cosas como establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el gobierno sigue tomando iniciativas coyunturales en un sector fundamental de la economía, sin garantías de que esas acciones serán soluciones sostenibles”. A su juicio, hubiera tenido más sentido esperar el proceso de debate para forjar el Pacto Eléctrico para que cualquier acción esté contemplada en las directrices que este establezca.

La ADIE considera que la iniciativa del gobierno es contraria al espíritu de la Ley General de Electricidad. Morrison recordó que la pieza ya contempla la incursión del Estado en generación a través de las distribuidoras.

Los generadores, sin embargo, insisten en que hay que seguir invirtiendo en nueva generación y más barata, pero que el principal problema del sector no es ese, sino el de las pérdidas que reportan las distribuidoras y donde las acciones de los gobiernos han sido tímidas y poco consistentes. “El Estado debería enfocarse en inversiones para mejorar las infraestructuras de transmisión y distribución y en reducir a niveles internacionalmente óptimos los niveles de pérdidas provocadas por deficiencias técnicas, el robo y el fraude”, expreso Morrison.

El ejecutivo considera que de realizarse las inversiones en mejora de la gestión, el subsidio que reciben las distribuidoras para cubrir su ineficiencia año tras año sería menor y habría recursos para otras prioridades del Estado.

Recordó que las pérdidas de las distribuidoras se mantienen desde hace más de una década entorno al 35% porque no cobran toda la energía que sirven. “Y la importancia de actuar en ese ámbito lo ha reconocido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando, en declaraciones recientes de su representante, estima que la telemedición, reducción de pérdidas y distribución de energía eléctrica son los  puntos neurálgicos de un servicio eléctrico óptimo y permanente”.

La ADIE reiteró que el sector generador, en el que el Estado ya tiene participación en dos de las más grandes generadoras, lleva dando muestras reales de compromiso con una mayor eficiencia del sistema y abaratamiento del costo de la energía.

“Sólo en los últimos tres años se han instalado más de 500 megavatios de nueva generación, y tomando en cuenta todas las inversiones se ha reducido la dependencia del fuel oil de un 90% en 2000 a un 45% en 2013, con inversiones en plantas de gas natural y carbón y en proyectos eólicos”, sostiene el vicepresidente ejecutivo de la ADIE.

El otro aspecto al que la ADIE cree que hay que poner atención en el anteproyecto sometido por la Presidencia es al que libera de someterse a la Ley de Contrataciones Públicas a los proyectos de generación que quiera iniciar el Estado. “Creemos que las licitaciones públicas y los procedimientos de compras ya establecidos son los métodos más transparentes para seguir incorporando generación eléctrica para suplir las necesidades de los sectores productivos y el bienestar de la ciudadanía”, dijo.

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